Hace ya casi cinco años denuncié en un juzgado federal de los tribunales de Comodoro Py que alguien había cobrado –y, por lo tanto, alguien había pagado– una indemnización fraudulenta que, actualizada por inflación, representa más de 100 millones de pesos por el asunto de los muertos y desaparecidos de los años 70. Adjunté, como se verá, toda la prueba necesaria para avanzar en la represión del delito, y el juez, hasta ahora, no hizo nada. El caso es sencillo: Atilio Santillán, dirigente sindical azucarero, fue asesinado en la CABA el 22 de marzo de 1976. A los pocos días, en la contratapa de la revista Estrella Roja Nº 74 del autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo”, esta organización terrorista anunció, con lujo de detalles, que ellos lo habían matado “por traidor”. Muchos años después, Arnol Kremer, quien desde julio de 1976 ocupó la jefatura de esa organización sediciosa tras la muerte de su anterior jefe, Mario Santucho, en una entrevista, afirmó: “Yo estaba presente cuando Santucho dio la orden de matar a Santillán. Un comando entró en el sindicato y lo bajó”. Tenemos entonces que Santillán no está comprendido en los supuestos de la “ley reparatoria” Nº 24.411, que ordena indemnizar a los familiares de las “víctimas de la represión ilegal del Estado”, porque, claramente, no lo es. Pues bien, en marzo de 2007, y por liquidación del Ministerio de Economía Nº 36.744, el gobierno de Néstor Kirchner pagó, y alguien cobró, cien millones de pesos como si a Santillán lo hubieran asesinado agentes estatales. Pero el asunto se agrava al comprobar que Atilio Santillán no figura registrado en la lista oficial que la Secretaría de Derechos Humanos elaboró con la nómina de las “víctimas de la represión ilegal del Estado” en 2006, ni tampoco en su actualización de 2015. O sea, no lo mató el Estado, no está registrado en ningún lado como “víctima”, pero a alguien le pagaron como si lo hubiera sido. En mi denuncia le pregunto al juez: con este modus operandi, ¿a cuántos Juan Pérez que no conocemos, y a los que no les corresponde, se les pagó una indemnización sin registrarlos en ninguna parte? Han pasado varios años. No parece difícil de resolver el caso. ¿Denunciar no sirve de nada?

El juez se llama Ariel Lijo.

José D’Angelo
DNI 12.258.460