Las condiciones ilegales en las que son mantenidos en prisión militares y policías que tienen hasta 86 años y graves afecciones de salud quedaron finalmente al descubierto con toda crudeza en una audiencia que fue celebrada el jueves pasado en la Justicia nacional, pese a la presión periodística y de organismos de derechos humanos que hasta último momento buscaron impedir lo que consideran “un show”. Curiosa expresión, esta del “show”, usada por quienes deberían criticar los abusos del Estado y no, como sucede ahora, ocultarlos.

La audiencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 27, a cargo del juez Martín Yadarola, fue la respuesta a un habeas corpus presentado días atrás en favor de todos los mayores de 65 años amparados por la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores detenidos en cárceles que no garantizan ni la vida ni la salud de los ancianos. Dicha Convención, que fue elevada a la jerarquía constitucional por ley 27.700, ordena buscar medidas alternativas a la prisión sólo porque las edades de los internos los colocan en una situación de vulnerabilidad.

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en representación de diez organizaciones que dicen defender la verdad completa sobre lo sucedido en los años setenta, presentaron el habeas corpus “colectivo y correctivo” en la justicia de instrucción, y no en la Justicia federal, por el comportamiento “omisivo” de este fuero frente a este tipo de planteos.

En cuanto al juez Yadarola, dos veces se declaró incompetente y otras dos veces la Cámara del Crimen, integrada por los camaristas Magdalena Laiño, Rodolfo Pociello y Hernán López, revocó su decisión y le ordenó que pidiera informes sobre la situación de los detenidos y celebrara la audiencia, que finalmente se desarrolló el jueves.

Durante cinco horas, decenas de presos de los penales de Campo de Mayo, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Salta expusieron “vía zoom” “testimonios desgarradores” que, en conjunto, constituyeron “un panorama impresionante del abandono y crueldad de los jueces”, según los abogados de Justicia y Concordia. Hay enfermos “con cáncer de todo tipo, con incontinencia, demencia senil, cardiopatías, recién operados de tumores, Parkinson, bolsas de colostomía”, según el recuento de uno de los abogados intervinientes.

Los internos “contaron las decenas de muertes ocurridas en los penales por infartos y ACV” y no faltó el testimonio de “sobrevivientes de esos padecimientos, sacados por los propios compañeros de la muerte”, añadieron.

Se escuchó, entre otros, al “cabo Julio Flores desde Salta, donde está 23 horas por día encerrado solo y lo sacan al patio una hora aislado para que los presos comunes que saben que fue cabo de la Fuerza Aérea no lo agredan”. Flores, que lleva diez años en prisión preventiva, pidió seis veces la prisión domiciliaria sin respuesta.

Otro de los detenidos, de 72 años, detenido hace 9 años y cuatro meses, señaló desde Ezeiza que algunos de sus compañeros presentan enfermedades graves y ya ni peticionan a las autoridades porque la respuesta es siempre negativa. Otro, que tuvo un infarto estando en Marcos Paz y el médico no quiso atenderlo, citó el caso de un interno que tiene una prisión perpetua no firme, está detenido desde hace 21 años y la jueza de ejecución le respondió que prisión perpetua “es para siempre”. Y se mencionó también el caso de un recluso al que le apareció un hongo en el pie, luego se le encarnó una uña, y cuando fue trasladado al hospital debieron amputarle la pierna, para morir sólo unos días después.

El doctor Ricardo Saint Jean, de Justicia y Concordia, refirió que el propósito de la acción no es entrar en los motivos por los cuales los 86 detenidos comprendidos en el habeas corpus se hallan privados de su libertad, sino abordar la problemática relativa a su frágil situación por sus edades y estados de salud en el ámbito carcelario. Y expuso que ellos son los únicos ancianos que se encuentran hoy detenidos en unidades carcelarias, pese a contar con protección constitucional.

En la audiencia estuvieron presentes Gabriel Esteban Aquino por el Servicio Penitenciario Federal, la doctora Desirée Barzuck por la susecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, representantes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría General de la Nación.

Apenas horas después de la audiencia, el juez dispuso que el Servicio Penitenciario entregara en 48 horas un informe sobre la salud de los 86 ancianos objeto del habeas corpus, que comenzó a ejecutar de inmediato, por lo que el comportamiento de la justicia federal sigue bajo la lupa.

“Es escandaloso y vergonzoso lo que está ocurriendo con nuestros presos”, comentó uno de los abogados de Justicia y Concordia. Ahora “va a dejar documentado el sistema de discriminación y represión ilegal a la que son sistemáticamente sometidos”, añadió.

La discriminación y el trato inhumano es admitido hasta por un defensor oficial, que en estos días reconoció que “ni a homicidas, ni a narcos ni a pederastas se les niega la domiciliaria”.

El hecho de que se haya querido ver como un “show” o un “espectáculo” una audiencia que busca sacar a la luz la ilegalidad de estos encarcelamientos y el encarnizamiento inhumano que representan lleva a preguntarse si la intención es ocultar lo que sucede. Ocultar la crueldad, o “no mostrar”, (“don’t show”, en el inglés elegido, que es el de quienes financian estas persecuciones), ¿no sería ser negacionista? Y también: ¿No sería convertirse en antiderechos?