Por Unai Cano

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el 3 de septiembre de 2019 la creación del “Observatorio de la muerte”, fórum de análisis que pretende «exponer las formas de morir en la Comunidad Autónoma y el grado en el que las circunstancias que intervienen (espacio físico, familia…) permiten el cumplimiento de los derechos legalmente reconocidos y, cuando así se haya manifestado, los valores y las preferencias de la persona en la etapa final de la vida». Es decir, promocionar la eutanasia.

Tal y como Transparencia ha confirmado, el Gobierno catalán ha invertido un total de 56.274,69€ en cuatro años: 11.416,05 euros en 2020, 10.169,59 euros en 2021, 33.817,10 euros en 2022 y 871,95 euros en 2023. Añaden que en el Acuerdo de Gobierno de su creación se pactó que el Observatorio de la Muerte se integrase en la AQuAS (Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña), la cual debe aportar la infraestructura y el apoyo administrativo, técnico y logístico necesario para llevar a cabo su actividad.

“Así pues, las personas dedicadas a las actividades y trabajos desarrollados por el Observatorio de la Muerte forman parte de la plantilla habitual de AQuAS y no han supuesto nuevas contrataciones de personal”, zanja el tramitador del portal de transparencia de AQuAS.

Además, algunos enlaces a informes publicados en el portal digital dan “error”. De hecho, si queremos acceder al análisis de la mortalidad en Cataluña en 2017 (el último análisis publicado), al clicar nos llevarán a una pantalla que dice “Error, la página no se ha encontrado”.

No es la única Comunidad Autónoma que cuenta con un «Observatorio de la muerte»; ya que Navarra y Asturias también se unen a la campaña, según dicen, «contra el tabú de la muerte«. Curiosamente, Cataluña es la comunidad con más peticiones de eutanasia: un tercio de todas las solicitadas en España. Navarra, con 13 eutanasias realizadas -suponen 2,06 por cada 1.000 muertes registradas el año pasado-, también está en el ranking.