El martes la comisión de salud de la cámara baja realizó una reunión informativa sobre el Plan ENIA con el objeto de avanzar con el proyecto que intenta instituirlo por ley.

Pablo Yedlin (UP, Tucumán) abrió la reunión afirmando que, merced al Plan ENIA, Argentina redujo en un 50% la cantidad de “embarazos adolescentes”.

La aseveración de Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, es, cuando menos, infundada ya que los embarazos no se registran, por lo que mal se puede saber si su número crece o decrece.

La fecundidad adolescente, que es lo que se mide y descendió, no depende del número de embarazos sino de los nacidos vivos de madres adolescentes. Es decir, si todas las adolescentes que se embarazan abortan, la fecundidad resulta nula.

Durante la reunión se realizaron tres paneles por los que desfilaron funcionarios, referentes y miembros del Consejo Consultivo del Plan. Entre ellos Mariana Romero y Silvina Ramos, del CEDES; Leandro Cahn de la Fundación Huésped y Natalia Gherardi, directora de ELA.

Federico Panuelo, Director de Niñez y Adolescencia de la provincia de BsAs explicó durante la reunión que el Gobierno anterior financiaba el recurso humano y los insumos del Plan. Mencionó que para menores de 15 años tienen un dispositivo que es la Mesa de Niñas-No Madres que realiza la búsqueda activa de embarazadas para generar una consejería en opciones y “una eventual interrupción del embarazo”, “si resulta la opción elegida”. El funcionario de Kicillof no mencionó otra opción. Destacó que tuvieron que salir a comprar misoprostol y mifepristona porque el Gobierno nacional sólo les envió lo que quedó planificado de la gestión anterior.

Marisa Graham, Defensora de Niños y Adolescentes señaló que denunciaron ante organismos internacionales la desintegración del Plan ENIA. Afirmó que no se pueden mantener las estructuras provinciales sin el acompañamiento de Nación. El proyecto de ley tiene que obligar a que el financiamiento sea nacional, enfatizó.

Lo mismo resaltó Valeria Isla Blum, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de Alberto Fernández: “consideramos necesario la sanción de una ley que reconozca y financie esta política pública y sobre todo que brinde las herramientas a las provincias para poder implementarla: dispositivos, recurso humano, insumos”.

Mariana Isasi, Jefa de Oficina del Fondo de Población (UNFPA) en Argentina resaltó que acompañan al estado nacional en toda la política relacionada con la salud sexual y reproductiva y que el Plan ENIA es una de las políticas prioritarias en la materia. Contó que habían mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud y que tienen con ellos un acuerdo de trabajo enfocado en los anticonceptivos de larga duración.

Lo último fue corroborado por Paula Zingoni Subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud que informó que extendieron hasta fin de año el convenio con UNFPA que vencía en abril, agregando que había procesos de compra de implantes subdérmicos iniciados en noviembre. Todos los procesos de compra de la gestión anterior están en curso, garantizó Zingoni.

Florencia Milito del equipo de asesoras del Plan ENIA en Gualeguaychú, destacó que las asesorías son fundamentales para vincular al sistema educativo con el de salud. Ellas cumplían una carga horaria de 30 horas por semana distribuidas en 3 días de asistencia presencial en las escuelas -durante el horario de clases- y los restantes dos días en el centro de salud.

El proyecto del socialismo

La iniciativa (expte. 1903/2024) es de la autoría de la socialista Mónica Fein y está cofirmada por su compañero de bloque Esteban Paulón y Carla Carrizo (Evolución radical). El proyecto tiene giro a las comisiones de Salud, Familia, Mujeres y Diversidad, y Presupuesto.

El Programa está destinado a personas comprendidas entre los 13 y los 19 años (art.4). Si bien el proyecto no menciona al aborto en su objeto (art.1), después incluye a la Ley de aborto, N°27.610, en el marco normativo en el que proyecto se enmarca (art.2).

Entre los principios rectores (art. 3) contempla a la “autonomía progresiva”. Conviene recordar qué se entiende por “autonomía progresiva” a partir de la reforma del Código Civil aprobada en 2015. Entre los 13 y 16 años una adolescente puede pedir autónomamente un aborto medicamentoso porque se considera una práctica no riesgosa. A partir de los 16 años puede solicitar que le liguen las trompas porque se la considera adulta (Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación).

Los otros principios rectores son: el “abordaje integral y articulación intersectorial”, la “perspectiva de derechos humanos, géneros y diversidad”, y el respeto a la “autonomía de las mujeres” y a la “identidad de género” (art. 3).

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud de la Nación (art. 6) que deberá “brindar a las jurisdicciones la cooperación técnica, económica y financiera” para garantizar la implementación efectiva del Programa, capacitando permanentemente a los equipos de salud y proveyendo los insumos (art. 7). También deberá enviar al Congreso un informe anual en el que rinda cuentas de los indicadores relacionados con el Programa (art. 13). “La asistencia financiera a las jurisdicciones se realizará mediante la asignación de recursos provenientes del Fondo del Tesoro Nacional” (art. 8).

Se crearía una Unidad de Coordinación Interministerial (Min. de Salud, Min. de Capital humano, Secretaría de Educación y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) para la plena implementación del Programa (art. 10).

Entre las funciones de esa Unidad de Coordinación estaría la de definir los lineamientos de acción que deberán incluir:  ESI, asesorías en organizaciones comunitarias (para los adolescentes no escolarizados), “provisión de métodos anticonceptivos (en especial los de larga duración), prevención de embarazos forzados y acceso a la interrupción del embarazo” (art. 11).

Destaquemos que se considera “embarazo forzado” al de una menor de 15 años, aunque sea producto de una relación sexual entre pares, libremente consentida. No ofrecer el aborto en caso de “embarazo forzado” se considera “violencia  institucional”.

Tal como ocurrió hasta diciembre, el Programa contaría con un consejo consultivo conformado, entre otros, por representantes de organizaciones de la sociedad civil y organismos de rectoría de la salud global (art. 12). En la anterior gestión, el consejo estuvo integrado por miembros de la Fundación Huésped; FEIM, ELA, el Área de género de Amnistía Internacional, entre otras, y representantes de Agencias de Naciones Unidas como el Fondo de Población (UNFPA), el Programa para el Desarrollo (PNUD) y UNICEF.

El proyecto del PRO

Esta semana ingresó otro proyecto (Expte. 3323/2024) con el mismo fin. Está encabezado por Silvia Lospennato y fue cofirmado por sus compañeros del PRO: María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Sofía Brambilla, María Sotolano, Silvana Giúdici, Sabrina Ajmechet, Martín Maquieyra, Daiana Fernandez Molero, Gabriel Chumpitaz, Florencia De Sensi, Alejandro Bongiovanni, Ana Clara Romero, Alejandro Finocchiaro y Marilú Quiroz.

Entre los objetivos del Programa propuesto se menciona expresamente el efectivo cumplimiento de la legislación vigente en la atención de la “interrupción del embarazo”. En los fundamentos de su proyecto Lospennato habla largamente de la Ley de aborto y explica “siguiendo la interpretación de la Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación”, que “todas las prácticas de salud reproductiva que no supongan riesgo grave para la salud, la vida o la integridad de los adolescentes” pueden ser consentidas autónomamente desde los 13 años, es decir, a esa edad ya se puede solicitar un aborto sin el acompañamiento de un adulto. Es lo mismo que los socialistas mencionan como “autonomía progresiva”.

Las partidas necesarias para la implementación del Plan saldrían del Presupuesto General de la Nación y se deberá “proveer a los equipos técnicos provinciales los insumos, el material y la capacitación necesarios” “atendiendo a las competencias que le corresponden al Estado Nacional y las responsabilidades concurrentes en materia de salud y educación”.

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NOTIVIDA, Año XXIV, Nº 1359, 28 de junio de 2024

Editora: Lic. Mónica del Río

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