“Es obvio que nadie quiere que una chica adolescente quede embarazada. Pero el Plan no reduce el embarazo adolescente, lo que reduce son los nacimientos. No pueden hablar de porcentajes de reducción del embarazo adolescente porque no lo registran. Lo que miden es la fecundidad adolescente, en base a los nacimientos en esa franja etaria”, explica Del Río.

En concreto, lo que hace el Plan ENIA es promover el aborto en las adolescentes embarazadas, no prevenir esos embarazos. En sus propias palabras, entre 2018 y 2021, el ENIA logró bajar la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes de 49,2% a 27%. Lo que significa una disminución de casi el 50 % en las chicas de entre 10 y 19 años que se convirtieron en madres en Argentina. Claramente, no se trata de una reducción de los embarazos, que no son registrados, sino de los nacimientos. Y por ende un incremento de los abortos.

“Si tuviste 10 embarazadas y 5 abortaron, no es que redujiste los embarazos a la mitad, sino que aumentaste los abortos”, ejemplifica Del Río. Porque, además de promover métodos anticonceptivos como el DIU y el implante, lo principal es incentivar la interrupción de los embarazos.

En junio pasado, en una reunión de la Comisión de Salud de la Cámara baja, presidida por Pablo Yedlin, diputado kirchnerista por Tucumán, para debatir los proyectos que buscan convertir en Ley el ENIA, Federico Panuelo, director de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, expuso con toda sinceridad el modus operandi de los agentes del plan: “Tenemos un dispositivo que se llama Mesa de Niñas No Madres que lo que hace es generar una búsqueda activa, específica, de embarazadas menores de 15 años justamente para generar una consejería en opciones y una eventual interrupción del embarazo”, dice Panuelo.

Tanto el debate en el Congreso como la divulgación de los resultados de ENIA, revelan la magnitud alcanzada por este plan y en particular el dispositivo montado para que ningún adolescente escape a la difusión de la anticoncepción -y, como veremos, de otros temas-, que incluía la búsqueda activa de embarazadas para inducirlas a abortar.

Los agentes del plan ENIA se desplegaban en escuelas y barrios para dictar talleres y clases de ESI. Además crearon asesorías en centros de salud y organizaciones barriales, y en escuelas, siempre con la temática de la salud sexual y reproductiva, cuya traducción es: anticoncepción, aborto e incluso “transición de género”. Otra función del plan era la colocación de anticonceptivos de larga duración (DIUs e implantes subdérmicos) e incluso la derivación de adolescentes hacia los tratamientos de administración de hormonas para desarrollar características del sexo opuesto, dado que ENIA también asesoraba en transición de género.

Mónica del Río advierte que, si bien el gobierno actual suspendió la compra de abortivos (misoprostol, por ejemplo), no hizo lo mismo con los anticonceptivos de larga duración. Un acuerdo para el trabajo enfocado en los anticonceptivos de larga duración que vencía en abril fue renovado hasta fin de año, con la firma de Paula Zingoni, subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación del Ministerio de Salud, y Mariana Isasi, jefa de Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina.

Justamente ese Fondo (que bien podría llamarse de des-Población) es uno de los organismos que en 2017 colaboró con el gobierno de Mauricio Macri para la elaboración del plan ENIA. También participaron el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y Unicef (organismo ONU que se supone se ocupa de la infancia). Inicialmente ENIA se implementó en 12 provincias: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Buenos Aires. Y en 2022 se extendió al resto de los distritos.

Las asesorías en las escuelas se hacen a espaldas de los padres, advierte Mónica del Río. Los menores son sacados de las aulas y llevados a las consejerías en “salud sexual”. Además, apelan a las organizaciones barriales para llegar a los chicos no escolarizados.

Esto lo confirma otra intervención que se produjo en la citada reunión en el Congreso. La socióloga Florencia Milito, del equipo de asesoras del Plan ENIA en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, describió con claridad la injerencia de este programa en las escuelas: “Desarrollamos un dispositivo de asesoría en las secundarias que construyó un espacio de consulta, orientación y derivación, centrado en las necesidades de salud integral de los adolescentes”. El adjetivo “integral” siempre sirve de paraguas para todo tipo de temática. “Un espacio de funcionamiento dentro de las escuelas -sigue diciendo Milito-, para poder garantizar la privacidad, intimidad y también la escucha activa, desprejuiciada y confidencial” de los adolescentes.

Traducción: en desconocimiento de los padres.

También dijo Milito en su esclarecedora intervención que la del ENIA que las principales temáticas en la consultas son: estados de ánimo, conflictos en las relaciones entre pares y con los padres, métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, etc., etc., y, último pero no menos importante, “identidad de género y hormonización” (sic).

Esto significa que un adolescente en el secundario puede ser llevado a estas asesorías y, en el caso de las chicas, recibir contracepción de emergencia o ser inducidas al aborto, y en ambos géneros, ser asesorados en materia de transición de género e incluso derivados a tratamientos de hormonización; todo ello sin que los padres sean notificados.

¿Qué tendrán que ver las transiciones de género con la prevención del embarazo adolescente? No es la primera vez que, en esta materia, bajo un título dado se deslizan otras prácticas e intenciones. Algo similar sucede con la ley de ESI, que nada dice de la perspectiva de género que tiñe todos los contenidos que se imparte a los niños.

Cabe señalar además que los agentes del plan que promueven la hormonización -es decir, que asesoran a adolescentes que creen haber nacido en el cuerpo equivocado y quieren cambiar de sexo-, no son médicos.

En auxilio de esta práctica, están las sucesivas resoluciones de las autoridades de salud, tanto a nivel nacional como provincial, reduciendo la edad base a partir de la cual un adolescente puede acceder a estos tratamientos sin autorización paterna.

Por caso, una página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asesora en la materia, informando de los cambios que ha habido en el Código Civil en cuanto a la edad desde la cual se puede tomar decisiones en materia de transición de género.

Con el argumento de la “autonomía progresiva”, se han ido reduciendo los límites en esta materia. Curiosamente, adolescentes de 16 años, que aun no pueden tatuarse sin permiso ni conducir un auto, pueden iniciar tratamientos de cambio de sexo, que tienen efectos irreversibles. Y eso no es todo. Desde los 13 años, pueden recibir hormonas cruzadas.

Estos tratamientos pueden acarrear, por ejemplo en el caso de una niña, calvicie, crecimiento de la barba, engrosamiento de la voz, entre otras cosas.

Pero lo más increíble es que este tratamiento sea considerado no invasivo, y por lo tanto adolescentes desde los 13 años pueden acceder al mismo. En términos de la página oficial: “En el caso de las personas entre los 13 y 15 años, por tratarse de terapias no invasivas, no se requeriría el asentimiento parental para el inicio del tratamiento”.

Los autores y ejecutores de ENIA explican con orgullo que sus asesorías garantizan el nexo entre educación y salud. Sencillamente significa que van a las escuelas para “asesorar” y derivar a los adolescentes hacia prácticas médicas como el aborto y la hormonización.

Uno de los fundamentos del plan ENIA es un estudio del Fondo de (des)Población que habla del costo del embarazo adolescente y de lo que puede ahorrar el Estado “interrumpiéndolo”. En vez de ir por el camino más largo pero que efectivamente promueve la salud adolescente, física y psíquica, es decir, educar en valores, reducir el sexo adolescente -y no promover la iniciación temprana como en la práctica hacen-, optan por la alternativa más drástica y no sin consecuencias. Como si la verdadera finalidad del plan ENIA no fuese proteger a niños y adolescentes sino el control poblacional.

El ENIA cuenta con equipos de apoyo técnico formados por las citadas agencias de la ONU y por los organismos que localmente aportaron al desarrollo del plan. En el caso de este programa, la ONG promotora es el Cedes, cuya cara visible es Silvina Ramos.

Silvina Ramos, del Cedes, promotora del plan ENIA

Junto con Amnesty Internacional y la Fundacion Huésped, el Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) fue uno de los más activos en la promoción de la legalización del aborto. Son parte de la “patria consultora”, de excelentes vasos comunicantes con el Estado, al que provee datos y asesoramiento, y con financiamiento internacional de diferentes fuentes, como la Fundación Ford que les obsequió el edificio donde funcionan.

Además del plan ENIA, Cedes se dedica a “Mirar el aborto”, es decir se autoadjudicó una función de supervisión de la aplicación de la ley.

Para ello, según informa la propia web de la ONG, cuentan con el apoyo “de diversas instituciones del exterior, como SAREC (Suecia), la ya mencionada Fundación Ford, International Development Research Centre -IDRC (Canadá), Andrew Mellon Foundation, Inter-American Foundation (IAF), entre otras”.

Todas esas instituciones son organizaciones semi-estatales. Por ejemplo, la IAF está gobernada por un consejo directivo compuesto por representantes del sector privado y del gobierno federal, designado por el presidente de Estados Unidos y ratificado por el Senado.

El IDRC canadiense depende del Parlamento y del ministerio de Desarrollo de ese país. Y la SAREC es la Agencia Gubernamental Sueca de Cooperación Científica con los Países en Desarrollo.

Sólo la Fundación Ford y la Andrew Mellon Foundation son privadas.

Pero la verdad es que difícil no recordar la referencia que hizo recientemente el actor Imanol Arias sobre esos “rarísimos tipos multimillonarios que se han adueñado de la medicina, la alimentación, el transporte y la moral”.

Según un estudio que afirma haber hecho el Fondo de (des) Población, en Argentina el costo del embarazo adolescente sería de 200 millones de dólares en atención sanitaria, 12 millones 700 mil para atención ambulatoria y 18 millones en atención obstétrica. En cambio, la inversión en prevención aumenta los ingresos por trabajo femenino en un 0,14%, afirma el organismo de la ONU.

En concreto, las adolescentes embarazadas son población no productiva que hay que liberar de su carga para que pueda trabajar.

Es llamativa la eficiencia con la cual implementan estos programas de eugenesia social en contraste con la incapacidad para reducir el hambre, la desnutrición infantil y la pobreza. Para tener una idea de la dimensión de este plan, solo en Tucumán y Catamarca, se dispuso la finalización de 619 contratos a agentes de ENIA.

El Fondo de Población de ONU dice que el costo del embarazo adolescente en Argentina es muy elevado

Este es el plan que los diputados quieren convertir en ley para asegurarse el financiamiento y los cargos.

Por caso, el proyecto de Unión por la Patria que firman Blanca Osuna, Mónica Macha, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Daniel Gollán, entre otros, prevé creación del Plan ENIA en la órbita del Ministerio de Salud; programa destinado a adolescentes de entre 13 y 19 años, para potenciar en ellos “el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”. El plan articula las áreas de salud, desarrollo social y educación; y “tiene dispositivos de intervención” en todo el país, porque “las acciones territoriales son determinantes para asegurar su impacto positivo”.

En efecto, hace falta personal para salir a detectar adolescentes embarazadas.

Las intervenciones llegan directamente a los menores -léase, sin conocimiento ni autorización de los padres- “y son llevadas a cabo por agentes territoriales”, una de cuyas funciones es asesorar en las escuelas. También prevé consejerías en los centros de salud para facilitar “el acceso a determinadas prácticas y cuidados”, entre los cuales está la colocación de anticonceptivos de larga duración.

Luego viene por supuesto la burocracia: la gestión del Plan dependería de 5 niveles: a) Unidad Ejecutora Nacional (UEN); b) Consejo Consultivo; c) Equipo de apoyo técnico; d) Equipos Focales Territoriales Intersectoriales (EFTI) y e) Agentes territoriales.

También el financiamiento, que obviamente correrá por cuenta del Poder Ejecutivo Nacional.

Los Equipos de Apoyo Técnico estarían conformados por organizaciones que aportaron al diseño del Plan y agencias de Naciones Unidas.

Hay que garantizar la subsistencia de la burocracia estatal y de la no gubernamental que, al parecer, no es precisamente filantrópica.