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El exteniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, condenado por delitos de lesa humanidad, elaboró un listado de víctimas, entre militares y guerrilleros, en el período 1956-1989
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Detenido en 2010, luego de eludir durante tres años los requerimientos de la Justicia, el exteniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale encontró en prisión una misión a la que volcó todos sus esfuerzos: el análisis detallado de los operativos, ataques, enfrentamientos y víctimas que dejó la violencia política en la Argentina. Su trabajo concluye que entre 1956 y 1983 hubo 6505 desaparecidos y 3063 muertos de organizaciones guerrilleras, al aportar nuevas cifras para la polémica.
Alojado hoy en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo –la Unidad 34- , el militar no se quedó con la década del 70. Tomó como punto de partida los fusilamientos de 1956, ejecutados por la llamada Revolución Libertadora ante el alzamiento del general Juan José Valle, y extendió la investigación hasta 1989, año del ataque al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP). El resultado es la obra titulada “Un aporte a la verdad”, publicada por el autor en tres tomos y en la que presenta un detalle de las víctimas de los ataques de organizaciones guerrilleras y del terrorismo de Estado.
Sostiene que la violencia política dejó un saldo de 10.680 muertos y desaparecidos, civiles y militares, de uno y otro bando. Publica las estadísticas en tres tomos, que corresponden a los siguientes períodos: 1956/1975, octubre de 1975/diciembre de 1976 y 1977/1989.
En momentos en que durante la campaña electoral recrudece el debate sobre los trágicos enfrentamientos de la década del 70, el trabajo de Di Pasquale niega y considera “falsa” la cifra de 30.000 desaparecidos proclamada por organizaciones de derechos humanos. Admite, sin embargo, que la proporción de bajas durante el período de 33 años analizado fue desigual: por cada miembro de las Fuerzas Armadas o de seguridad abatidos hubo nueve muertos o desaparecidos de las organizaciones guerrilleras.
La difusión del libro coincide con la reciente polémica abierta por el acto que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, realizó en la Legislatura porteña para rendir homenaje a las víctimas de Montoneros y ERP. Sectores militares, sin embargo, toman distancia de la compañera de fórmula de Javier Milei, con el argumento de que la dirigente solo defiende a las víctimas de las organizaciones armadas y no incluye en su reclamo la situación de los militares detenidos por juicios de lesa humanidad.
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Jorge Héctor Di Pasquale, durante uno de los juicios por delitos de lesa humanidadTwitter
Muertos y desaparecidos
El libro detalla que hubo 1050 muertos militares, agentes de seguridad y civiles, frente a 9594 víctimas de las organizaciones guerrilleras, entre las cuales hubo 6505 desaparecidos y 3063 muertos. Se basa en los registros oficiales, desde el informe de la Conadep, de 1984, hasta los registros de la Seceretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2006 y 2015, además de datos difundidos en medios de comunicación y en revistas publicadas por las propias organizaciones guerrilleras, como Evita Montonera y Estrella Roja, entre otras. A estos movimientos armados los llama “organizaciones políticas militares marxistas”.
Di Pasquale presenta cuadros con los nombres de las víctimas, la organización a la que pertenecía cada una, fecha, lugar y situación en que fueron abatidas. Al margen de los datos estadísticos, el autor aporta su visión sobre el contexto en el que se dio la violencia política y transmite una catarata de críticas a las organizaciones armadas y a su reivindicación durante el período kirchnerista.
Al discriminar las cifras, revela que durante la presidencia del general Pedro Eugenio Aramburu hubo 39 muertos, entre militares y civiles, por el alzamiento del general Valle. Añade que entre los gobiernos de Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia se registraron 58 muertos, de los cuales 33 eran militantes subversivos y 25 eran integrantes de fuerzas estatales y civiles.
En los cuatro años del régimen de Onganía, el país ingresó en un escenario de violencia. Hubo 296 muertos y desaparecidos, de los cuales 122 eran militantes subversivos (18 desaparecidos) y 174, víctimas de ataques guerrilleros.
Según la estadística de Di Pasquale, en el período constitucional 1973-1976 se contabilizaron 2290 personas muertas y desaparecidas, discriminadas de la siguiente manera: 1782 militantes guerrilleros (658 desaparecidos) y 508 de las fuerzas militares y de seguridad, además de civiles.
El registro se completa con 7953 personas muertas y desaparecidas durante el llamado Proceso de Reorganización Militar De todos ellos, 7619 eran militantes de organizaciones armadas (5850 desaparecidos y 1769 muertos) y 331 militares, policías y civiles.
El cómputo añade 44 muertos por el ataque del MTP a La Tablada, en enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de los cuales 33 eran militantes y 11 correspondían a las fuerzas estatales.
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La teoría del autor
Nacido en 1947 y egresado del Colegio Militar en diciembre de 1966, seis meses después del golpe que derrocó a Illia, Di Pasquale concluye que existió en el país “una guerra revolucionaria” y que los enfrentamientos no comenzaron con el golpe de 1976. Sostiene, además, que desde la recuperación de la democracia, en diciembre de 1983, el país se encontró bajo una intensa difusión de eslóganes destinados a “tergiversar la historia”, actividad llevada adelante por sectores afines ideológicamente a los terroristas que operaron entre 1956 y 1983″.
Durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, el militar Di Pasquale actuó en el área de Inteligencia. En 1978 y 1979 estuvo al frente de una sección de actividades especiales. La primera de ellas era la preparación de personal de inteligencia para infiltrar en Chile, ante el avance del conflicto por el Canal de Beagle. Así lo reveló el propio Di Pasquale en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad que afrontó.
La otra misión era “el control de seguridad de las unidades militares localizadas en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el conurbano, en los meses previos al Mundial de Fútbol.
El militar enfrentó varios procesos por violaciones a los derechos humanos y recibió condenas, aunque todavía no están firmes. Entre otros juicios, debió dar explicaciones por su actuación en las brigadas de la policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, por donde pasaron más de 450 detenidos, según las denuncias.
Desde su detención, pasó por los penales de Marcos Paz, y de Neuquén, antes de ser trasladado a la prisión de Campo de Mayo. En mayo de 2019 presentó en la Feria del Libro su obra anterior, que transmite su visión sobre los años de plomo con el título “Crónica de una guerra negada”.
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